El gerente de Estudios del Consejo Minero analizó los alcances, desafíos y pendientes del nuevo sistema de permisos para la inversión en el panel organizado por Diario Financiero y VGC Abogados.
Con el propósito de abordar el impacto del nuevo marco regulatorio sobre la tramitación de permisos de inversión en Chile, se llevó a cabo una nueva edición del ciclo de conversatorios “Entre Códigos”, transmitido por DF Live y organizado por Diario Financiero junto al estudio VGC Abogados. El panel contó con la participación de José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero; Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI); y Winston Alburquenque, socio de VGC Abogados.
Durante el encuentro, los especialistas coincidieron en que la normativa marca un punto de inflexión indispensable para modernizar la relación entre el Estado y los desarrolladores de proyectos. No obstante, desde la perspectiva de la gran minería, se remarcó que el texto legal por sí solo no garantiza de forma automática la celeridad requerida, ya que su efectividad práctica estará determinada por la etapa que hoy comienza: la redacción de los reglamentos sectoriales, el fortalecimiento de capacidades en los servicios evaluadores y la coherencia en los criterios técnicos aplicados en regiones.
En su intervención, Morel destacó que el diagnóstico sobre el freno a las inversiones provocado por la excesiva burocracia era compartido de manera transversal. En ese sentido, afirmó que para la minería, una actividad intensiva en capital y con proyectos concebidos con horizontes de varias décadas, la previsibilidad y la certeza jurídica constituyen factores determinantes de competitividad internacional. El ejecutivo valoró que la legislación aborde distorsiones de fondo al fijar plazos claros, estandarizar exigencias e introducir el principio de proporcionalidad del riesgo, señalando que la meta prioritaria ahora radica en lograr que los plazos nominales de la ley se traduzcan en tiempos reales en las ventanillas públicas.
Asimismo, Morel explicó que una iniciativa de la gran minería suele tramitar cientos de autorizaciones concurrentes ante entidades técnicas diversas como la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Frente a este nivel de fragmentación, subrayó que la interoperabilidad del sistema digital y el rol rector de la OASI serán determinantes para evitar duplicidades administrativas, desfases temporales y dilaciones reiteradas entre reparticiones.
Respecto a la fase de diseño reglamentario, el gerente de Estudios advirtió que la redacción fina de las normativas sectoriales será la verdadera prueba de fuego para el éxito de la reforma. En esta línea, enfatizó la urgencia de estandarizar criterios a nivel nacional para erradicar la discrecionalidad territorial, dotar de mayores recursos técnicos y presupuestarios a los organismos evaluadores para que no colapsen ante los nuevos plazos perentorios, y consolidar de manera efectiva instrumentos ágiles como las declaraciones juradas y avisos en obras de bajo impacto, reservando la revisión exhaustiva para materias de alta complejidad ambiental o de seguridad.
El panel también abordó la corresponsabilidad de los titulares de proyectos. Los expositores concordaron en que las compañías tienen el desafío de elevar el estándar técnico en la preparación de expedientes desde el primer ingreso, reduciendo errores formales y observaciones subsanables que ralentizan el trabajo de los funcionarios evaluadores.
Al cierre de la sesión, Morel reiteró el compromiso y la disposición del Consejo Minero de continuar colaborando técnicamente con las autoridades sectoriales y económicas, recordando que el país cuenta con una cartera minera estratégica para la transición energética global que demanda una institucionalidad moderna, capaz de resguardar rigurosamente la protección ambiental y la seguridad sin asfixiar los tiempos del desarrollo productivo.
