El Mercurio
Con costos que suman en torno al 2,1% del PIB, los privados ven un traspaso de funciones desde el sector público cada vez mayor, reflejado en mayores exigencias de entidades como la DT y el Sernac.
En un contexto de mayor criminalidad, el sector privado ha tenido que adaptarse para resguardar sus servicios y sus operaciones. Este escenario ha llevado a un incremento de costos. Según una medición realizada por Clapes UC en torno a la década terminada en 2022, el gasto del país a causa de la delincuencia aumentó un 50% en ese período, hasta alcanzar un 2,1% del PIB, equivalente a unos US$6.321 millones. De ese total, “el sector privado ha sido el que ha concurrido en mayor proporción a financiar este incremento”, precisó el investigador Leonardo Hernández, coautor del estudio y también académico de la Escuela de Administración UC.
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Para el sector minero, la ubicación de las faenas y operaciones en sectores despoblados implica una dificultad adicional en materia de seguridad y también limita la respuesta policial. “Esto ha obligado a las empresas a invertir mucho dinero en controles como alarmas, cercos perimetrales, patrullajes nocturnos, vigilancia con drones”, relata Cristián Argandoña, vicepresidente de SONAMI.
Desde un punto de vista similar, en términos de vigilancia, el Gerente General del Consejo Minero, Carlos Urenda, cree que debería haber un esfuerzo adicional cuando se trata de proyectos estratégicos de proyectos estratégicos. “Obligar a las empresas mineras a tener vigilantes privados armados tendría muchos efectos negativos. Desde ya aumentaría el riesgo de accidentes y muertes a causa de fuego”.