Este martes se realizó el seminario “Empresas y DD.HH en Chile: Desafíos y avances en un contexto de crisis”, en el que se dieron a conocer los resultados del Programa Piloto de DD.HH. y Empresas, liderado por ACCIÓN Empresas en colaboración con el Consejo Minero y la Asociación de Generadoras de Chile.
El Programa Piloto se creó con el objetivo de generar un aprendizaje colaborativo para empresas del sector extractivo y de generación energética, entendiendo que es la base para la contribución de las empresas y el desarrollo sostenible. La idea, que se gestó el 2018, y en la que participaron once empresas (cuatro de ellas socias del CM: AngloAmerican, Antofagasta Minerals, CAP y Codelco), buscó fortalecer el respeto a los DD.HH por parte de las empresas a través de la generación de capacidades internas.
Durante el seminario se realizó un panel de conversación en el que participó Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero; Claudio Seebach, Presidente Ejecutivo de Generadoras de Chile; Marcela Paiva Véliz, Jefa del CER del Punto Nacional de Contacto ante la OCDE y Carmen Gloria Cid, presidenta del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Puente Perales de Laja.
En la oportunidad, el Presidente Ejecutivo del CM destacó la iniciativa, que a su juicio ha generado un aprendizaje no solo para las empresas que participaron del programa, sino para el gremio en general. También dio cuenta de la importancia del trabajo colaborativo para compartir buenas prácticas en torno a los DD.HH. “En esto no hay que perder la capacidad de asociarse porque nos permite compartir buenas prácticas, aprender, difundir y lograr lo que tenemos que lograr: el respeto a los pilares de los derechos humanos”, agregó.
Asimismo, Joaquín Villarino aseguró que queda mucho por hacer y por aprender, por lo que los desafíos en la temática de DD.HH forman parte de la hoja de ruta del sector.
Principales resultados
Las empresas participantes fueron evaluadas en cinco dimensiones: compromiso político; evaluación y mitigación de impactos; comunicación y relacionamiento; mecanismos de resolución de controversias y reparación. Los resultados arrojaron principalmente que hay avances en el compromiso explícito de Políticas de DD.HH; en la implementación de proceso “Debida Diligencia”, y en el relacionamiento con los grupos de interés diferenciado; pero poco avance en las prácticas de reparación, lo que quedaría como un desafío para seguir trabajando.
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