Con el objetivo de analizar los proyectos de ley sobre delitos ambientales que presentó el Gobierno y también un comité de expertos, Icare realizó un seminario que reunió a diversos panelistas, entre ellos el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; Felipe Riesco, subsecretario de Medio Ambiente; Marie Claude Plumer, ex Jefa de División de Sanción y Cumplimiento de la SMA; y Pablo Ortiz, abogado.
Durante su exposición, el Presidente Ejecutivo del CM aseguró que desde el sector minero coinciden con que exista una regulación de delito ambiental.
“Estamos de acuerdo con que se sancione respecto a esta materia y no solo por ponernos al día con la modernidad y lo que hacen otros países. El efecto disuasivo que tiene una legislación penal, y el consenso que existe a respecto a que el medio ambiente es un bien jurídico que debe ser protegido nos ha llevado a esta conclusión”, afirmó.
Siguiendo esta línea, el dirigente gremial señaló que el proyecto de ley del Gobierno es más “acertado” y “responsable” que el del grupo expertos, el cual corresponde a un refundido de distintos proyectos presentados con anterioridad.
“No obstante las objeciones y correcciones que se podrían hacer al proyecto del Ejecutivo, creo que va en la línea correcta […]. Que la acción penal quede radicada en la Superintendencia de Medio Ambiente, y que se pueda ejercer una vez que se haya producido daño ambiental nos saca del terreno de la especulación y nos lleva a un escenario eminentemente técnico”, dijo Villarino.
Para terminar, el Presidente Ejecutivo del CM destacó que “si sancionamos sobre delito ambiental, hay que hacerlo manteniendo el equilibrio, aspirando a un desarrollo sostenible que considere la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social”.
