Fuente: Actualidad Jurídica.
En entrevista con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero, analiza el impacto que podría tener la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales sobre la inversión y la tramitación de grandes proyectos.
Si bien valora la intención de racionalizar el sistema, advierte que su éxito dependerá de la normativa complementaria, de una fiscalización efectiva y de evitar nuevas regulaciones que aumenten la carga burocrática.
Desde el sector minero, ¿cómo se recibe la entrada en vigor de la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales? ¿Es vista como una oportunidad concreta de mejora o aún genera dudas respecto a su implementación?
Tras superar el control del Tribunal Constitucional, esperamos que la ley sea promulgada pronto. Se trata de una gran oportunidad para dar mayor racionalidad al sistema de permisos sectoriales. No obstante, su aplicación dependerá de la dictación de una amplia normativa complementaria.
Un desafío aún mayor, aunque no relacionado directamente con el contenido de la ley pero sí con su objetivo de racionalización regulatoria, es evitar que sus logros se vean anulados por la creación de nuevas normativas que no consideren adecuadamente el criterio de costo-efectividad.
Uno de los compromisos de la ley es reducir los plazos de tramitación en hasta un 70 %. ¿Crees que eso es realmente alcanzable con las capacidades técnicas y operativas actuales del Estado?
En ciertos casos, sí es alcanzable, dado que muchos de los obstáculos actuales no están en las capacidades del Estado, sino en problemas procedimentales y duplicidades que esta ley busca corregir.
Si además se logra instalar una preocupación sustantiva por evitar regulaciones que no se orienten a la protección eficiente de bienes jurídicos —es decir, que no consideren criterios de costo-efectividad—, esa meta de reducción del 70 % podría extenderse a un número más amplio de trámites.
La norma incorpora el uso de declaraciones juradas para permisos de bajo riesgo. ¿Es una herramienta útil para agilizar la inversión o podría generar inseguridad jurídica si no hay suficiente fiscalización?
Será la normativa complementaria la que definirá en qué casos se podrán utilizar declaraciones juradas en reemplazo de autorizaciones. Por tanto, está por verse si este mecanismo tendrá una aplicación amplia, sin afectar la seguridad jurídica de quienes las emiten ni poner en riesgo los bienes jurídicos que protege la regulación.
Tenemos altas expectativas respecto de este instrumento, ya que permite reducir tiempos para los usuarios y liberar recursos de los organismos públicos, que podrían enfocarse en aquellos casos que realmente requieren evaluación.
¿Qué desafíos ves en la articulación entre servicios públicos sectoriales y empresas, especialmente en proyectos de gran escala y alta sensibilidad territorial como los mineros?
Los aspectos relacionados con la sensibilidad territorial seguirán siendo abordados principalmente por la evaluación ambiental, ámbito que esta reforma a los permisos sectoriales no modifica. Otro instrumento clave en este tema es el ordenamiento territorial, que tampoco fue considerado en el proyecto de ley aprobado.
En este sentido, seguimos a la espera de una adecuada reglamentación de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), ya que los intentos realizados hasta ahora han resultado insatisfactorios.
¿Cómo se compatibiliza este nuevo régimen con los estándares ambientales y sociales que exige tanto la ciudadanía como los inversionistas internacionales?
Como se mencionó anteriormente, los estándares ambientales y socioambientales no se ven afectados por la ley de autorizaciones sectoriales. Además, respecto de los distintos estándares de protección asociados a las autorizaciones sectoriales, en ningún caso la nueva ley propone debilitarlos.
¿Hay algún país o modelo internacional que considere un referente interesante para Chile en materia de permisología minera? ¿Estamos avanzando en esa línea o aún falta?
Es importante partir señalando que los proyectos mineros están sujetos a una gran cantidad de permisos —en algunos casos más de 600— y solo una parte de ellos son estrictamente mineros. La mayoría corresponde a permisos transversales, por lo que resulta difícil hablar de una “permisología minera” como tal.
Desde una perspectiva más amplia, considerando el concepto de “coherencia regulatoria” que promueve la OCDE, Australia destaca como un modelo interesante que Chile debiera observar.
Durante el año 2023, en el contexto de la discusión del nuevo royalty minero, el Ejecutivo se comprometió a reducir en un tercio los tiempos de tramitación de permisos para proyectos mineros, sin afectar los estándares de protección. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) midió una línea base y concluyó que los plazos pueden superar los 11 años en los proyectos más complejos. Ahora corresponde realizar una nueva medición para determinar si esos tiempos efectivamente se han reducido.
La Ley de Autorizaciones Sectoriales apunta en la dirección correcta, pero está por verse si ese avance se traducirá en el cumplimiento concreto del compromiso asumido por la autoridad.
