El Gerente General del Consejo Minero dio a conocer la opinión del gremio sobre el Proyecto de Ley sobre fiscalización y cumplimiento ambiental.
En la oportunidad, Urenda mencionó la existencia de un empalme entre la Ley de Delitos Económicos y ambientales, y la Ley de Fiscalización y cumplimiento ambiental, que de ahí se derivan algunos inconvenientes que se estaría a tiempo de mejorar, “El mayor problema que vemos en el proyecto de ley sobre fiscalización y cumplimiento ambiental es que no contribuye a resolver la falta de coherencia entre los regímenes sancionatorios administrativo y penal, e incluso la agudiza”. En el marco de su presentación, el representante del gremio, mencionó los problemas y vías de solución en los siguientes temas:
- Problemas en la descripción de las conductas sancionadas en los regímenes administrativos y penal.
- Falta de coordinación entre procedimientos sancionatorios.
- Expansión sancionatoria ambiental.
Junto con lo anterior, Urenda dijo que “la regulación ambiental chilena ha tenido una evolución sustancial en los últimos años, con una serie de leyes que permiten proteger el medio ambiente con los estándares más altos de la regulación comparada. Sin embargo, ha faltado la pausa para ponderar adecuadamente cómo estas nuevas regulaciones impactan a la coherencia del régimen punitivo ambiental, sobre todo a partir de los cambios en delitos ambientales”.
Sobre el Proyecto de Ley en discusión dijo que “es una oportunidad insoslayable para mejorar las deficiencias significativas que existen en nuestro régimen punitivo ambiental, que consiste principalmente en la falta de coherencia entre los regímenes sancionatorios administrativo y penal. Por lo anterior, recomendamos precisar la descripción de infracciones administrativas y penales, uniformando lo que es común y distinguiendo en forma clara la mayor gravedad de los ilícitos penales”.
Te invitamos a ver la presentación aquí.
En este link, encontrarás el documento con las observaciones del CM.
