El pasado jueves 3 de septiembre, el Gerente General del Consejo Minero, Carlos Urenda, participó en el conversatorio “Chile Productivo: Visión, experiencia y confianza para el desarrollo del país”. La actividad, enmarcada en el evento “El Salmón: Potencia Económica de Chile”.

El panel, que buscó abordar los desafíos normativos y el impacto territorial de las grandes industrias, fue moderado por el director del programa Agua Viva, Tomás Vigneaux. La instancia contó además con la participación de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de SalmonChile, Patricio Melero; y el gerente general de Multi X, Cristián Swett.

De productores a polos de innovación

Durante su intervención, Carlos Urenda enfatizó la oportunidad de articular una cadena de valor que permita a sectores como la minería y la acuicultura dejar de ser vistos solo como productores primarios y pasar a ser reconocidos como polos de innovación y desarrollo regional. Desde la experiencia del gremio, explicó que solo en la Región de Antofagasta se estima que la compra local por parte de la minería podría superar los US$ 11.000 millones hacia el año 2035.

“Nuestra plataforma social cuenta hoy con 488 iniciativas activas, gran parte de ellas enfocadas directamente en innovación, desarrollo productivo y encadenamiento local”, destacó Urenda, valorando el éxito de programas focalizados como “Proveedores para un Futuro Mejor”, trabajado en conjunto con instituciones como la Universidad Católica del Norte.

En la misma línea, argumentó que los minerales son recursos finitos, por lo que existe el deber de potenciar a los proveedores y otras industrias para que desarrollen valor agregado, tecnología y servicios que en el futuro puedan ser exportados. Esto se ve favorecido hoy por un momento de coincidencia política en la región minera andina, lo que abre espacios para compartir infraestructura y bases de proveedores con países vecinos.

El desafío de la permisología y la competitividad

Otro de los temas centrales abordados fue la “permisología” y la pérdida de competitividad frente a otros destinos de inversión. Urenda advirtió que la burocracia y la incertidumbre normativa local representan el principal cuello de botella para la industria. Explicó que, si bien el mercado internacional entrega señales inmejorables —con precios del cobre proyectados en niveles históricos en torno a los US$ 5,95 la libra—, el precio por sí solo no garantiza la construcción de los proyectos.

“Agilizar los plazos de un proyecto —que en minería puede tardar hasta 16 años desde su descubrimiento hasta su operación— no es bajar la vara ambiental”. Para el Gerente General del Consejo Minero, agilizar el sistema significa abandonar discusiones ideológicas y avanzar con reformas predecibles, evitando leyes paralelas que aumenten la judicialización o revisiones retroactivas que estanquen la inversión.

A la falta de certeza jurídica, sumó el incremento de los costos operativos en el país. Urenda alertó que los cargos regulatorios y sistémicos en tarifas eléctricas, sumados a las normativas laborales menos flexibles, han mermado la competitividad frente a naciones vecinas como Perú, con quienes hoy presentamos costos que pueden llegar a ser hasta un 23% más altos. Frente a ello, instó a avanzar hacia regulaciones modernas que promuevan la adaptabilidad y eviten asfixiar operativamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Descentralización y visión país

A modo de cierre, Urenda destacó el liderazgo cuantitativo y el peso geopolítico de Chile, aportando aproximadamente el 23% de la producción mundial de cobre, el 19% del litio y el 17% del molibdeno.

No obstante, fue enfático en que, para que estas grandes cifras se traduzcan en orgullo ciudadano, los beneficios deben quedarse en los territorios. Para lograr esto, recalcó la urgencia de descentralizar las decisiones, evitando que los retrasos por permisos o trabas regulatorias de proyectos clave se decidan a puertas cerradas en Santiago.

Finalmente, concluyó con un llamado a la unidad productiva, señalando que se debe romper el falso dilema entre desarrollo y medio ambiente, ya que la protección del entorno, el progreso social y el crecimiento económico no son excluyentes.