En el encuentro que contó con la exposición del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el líder del Consejo Minero enfatizó la urgencia de destrabar permisos, aplicar criterio en la evaluación ambiental y articular un esfuerzo coordinado entre el sector público, privado y social.
En el marco del seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC), titulado “La carrera por los seis millones de toneladas: Más producción, mayor productividad y más valor para Chile”, autoridades de gobierno, académicos y líderes gremiales se reunieron para debatir el futuro de la industria. El encuentro se inició con las palabras de apertura del director del centro y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, e incluyó la exposición magistral del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien abordó las proyecciones y apuestas del Ejecutivo para alcanzar la meta productiva.
Posteriormente, en un panel de conversación moderado por el exministro e integrante de CLAPES UC, Hernán de Solminihac —y que contó también con la participación del presidente de Escondida | BHP, Alejandro Tapia, y la directora ejecutiva de SignumBOX, Daniela Desormeaux—, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, analizó los principales cuellos de botella y desafíos estratégicos que enfrenta la gran minería nacional. Durante su intervención, el líder gremial remarcó que mantener el liderazgo mundial en la extracción de cobre no responde a un simple orgullo o título honorífico, sino al impacto directo que la actividad genera en las arcas fiscales, las políticas públicas, los salarios de calidad y el bienestar social del país.
Respecto a la trascendencia de la minería para el desarrollo económico, Villarino advirtió que muchos de los actores que configuran las trabas actuales parecen perder de vista lo que está en juego. “Seguir siendo el primer productor de cobre del mundo no es simplemente ganarse el galardón de ‘somos la gran potencia’. Es porque esto tiene un impacto directo en el desarrollo de este país y en el desarrollo social, en el crecimiento de las personas”, afirmó. Asimismo, profundizó en las consecuencias de frenar el sector: “Pierden de vista que cuando no hay minería hay menos desarrollo social, menos aporte a las arcas fiscales, y eso significa menos políticas públicas, menos desarrollo en las regiones y menos trabajadores con los mejores puestos de trabajo en el país, con más del doble del promedio de remuneraciones y altísimos estándares de seguridad”.
En cuanto al debate sobre la permisología y los extensos plazos de tramitación, el dirigente gremial recordó la larga evolución del diagnóstico en la industria y valoró que hoy exista una conciencia transversal sobre el problema en el plano institucional. “Cuando nosotros hace 14 años declarábamos que había un problema de permisos, era una voz que clamaba en el desierto. Hoy día, todo el espectro político está de acuerdo con que hay un problema de permisos. Esto es muy importante, lo mismo que el tema de los costos y los desafíos”, señaló.
Sin embargo, Villarino puso un fuerte énfasis en la falta de proporcionalidad, criterio y prudencia con que a menudo los organismos evaluadores aplican la legislación ambiental, aludiendo a las trabas operativas expuestas durante la jornada. “Se pueden hacer todos los esfuerzos legislativos, de políticas públicas, reglamentarios, pero si a la hora de aplicar esa normativa no existe un criterio, una prudencia, una mirada completa de la jugada, un sentido profundo de por qué estamos haciendo esto, es un trabajo en el cual estamos pedaleando en falso”, sentenció el ejecutivo.
Para encarar la meta productiva de los seis millones de toneladas y responder a la futura demanda de capital humano —incluso ante escenarios regionales dinámicos como el crecimiento minero en Argentina—, Villarino sostuvo que las empresas y el gobierno no pueden actuar de forma aislada. “Esto no lo soluciona cada compañía minera sola. Aquí tenemos que hacer un asado común y poner esfuerzos en común, mirada en común”, graficó, llamando a coordinar acciones entre el Estado, el sector privado, las instituciones formativas, la sociedad civil y los trabajadores.
Finalmente, el presidente ejecutivo del Consejo Minero advirtió contra la instrumentalización de la industria por parte de ciertos grupos con motivaciones mezquinas y cerró su exposición apelando a la meta de fondo que debe unir a la nación: “Lo central para enfrentar esto es saber por qué lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esto beneficia el desarrollo de los hombres y mujeres de este país, porque esto mejora la calidad de vida, mejora la convivencia social y el desarrollo de la sociedad”.
Esta nota fue llevada en los medios: Minería y Futuro.
