Carlos Urenda participó en el panel de conversación del encuentro organizado por El Mercurio, donde enfatizó la necesidad de dar certezas jurídicas, agilizar plazos y reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para dinamizar las inversiones en el sector.

En el marco de la cumbre de la industria «Ecos de la Minería», organizado por El Mercurio, el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, profundizó en las principales tramas e ineficiencias regulatorias que enfrenta el desarrollo de megaproyectos en Chile. Durante su intervención en el panel del evento, el ejecutivo analizó la relación entre el ejercicio legítimo de los derechos, la tramitación de permisos administrativos y la creciente judicialización que afecta la competitividad del país.

Al abordar el fenómeno de la judicialización, Urenda precisó que el debate no busca restringir la oportunidad de hacer valer derechos, sino establecer un derrotero claro y predecible en los recursos legales. Explicó que mientras los recursos administrativos se resuelven dentro del Poder Ejecutivo, los recursos judiciales responden a una dinámica independiente y distinta, lo que dificulta alinear criterios. En ese contexto, subrayó que es crucial lograr un acuerdo para reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una modificación que calificó como tan importante como la regulación de los permisos sectoriales para despolitizar la institucionalidad y acotar plazos.

El representante del gremio detalló que el proyecto de reforma al SEIA contiene normas orientadas a fijar límites temporales y unificar vías de reclamación, permitiendo que quienes invoquen un derecho lo ejerzan en una instancia específica y con plazos determinados. De esta forma, se busca evitar tácticas de arbitraje judicial y dilaciones estratégicas. Urenda recordó que en Chile el tiempo promedio de aprobación de un gran proyecto minero alcanza los 11 años y 7 meses, señalando que reducir dicho lapso a cinco años permitiría cumplir en los tiempos estipulados con una cartera de inversión estimada en más de 100.000 millones de dólares, generando un impacto positivo directo en la ciudadanía.

Durante el diálogo, el ejecutivo hizo referencia al diagnóstico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), la cual identificó siete permisos críticos cuya demora ralentiza en cadena a los demás permisos del sistema. Asimismo, indicó que existen deficiencias estructurales como normas duplicadas, falta de personal, recursos financieros, tecnología y ausencia de metodologías integradas como la ventanilla única. Para ilustrar la magnitud del problema, citó cifras del mensaje del proyecto de ley “Marco de Permisos Sectoriales”, que señalan que los proyectos paralizados o postergados por permisología podrían representar un impacto de hasta 2,4% del PIB en un horizonte de diez años.

Para finalizar, Carlos Urenda reflexionó sobre el proceso de toma de decisiones de los inversionistas internacionales, quiénes cuentan con capitales finitos y deben ponderar múltiples variables entre países, como la geología, la carga tributaria, los costos del agua y el talento humano. Advirtió que cuando un país presenta incertidumbre procesal y falta de predictibilidad, los inversionistas aplican primas de riesgo muy elevadas que distorsionan el análisis de factibilidad. No obstante, concluyó que la propuesta de valor de la minería chilena sigue siendo competitiva si se concretan las reformas necesarias para otorgar mayor previsibilidad al sector.