Según información pública del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la paralización de la cartera de proyectos de inversión se debe a la tramitación ambiental debido a la oposición de algunas comunidades indígenas.
En diario Pulso diversos expertos en derecho ambiental cuestionaron las complejidades del sistema de consulta. Todos coincidieron en que el gran problema serían los plazos. Para Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, este no sería el único problema de la consulta indígena. Explicó que el primero sería “la falta de definición sobre los territorios indígenas y la identificación de las comunidades”. En segundo lugar, explico que no existiría certeza o acuerdo sobre el alcance de la consulta, “muchos piensan que se trata de un derecho de veto, otros aceptamos que se trata de una consulta con capacidad real de influir, pero algunos siguen pensando que sólo se trata de informar”.
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