En entrevista con Reporte Minero y Energético de Canal 24 Horas, el Presidente Ejecutivo del CM, Joaquín Villarino hizo un balance respecto a las medidas y protocolos que ha implementado la minería durante la pandemia – y que han permitido mantener la continuidad operacional del sector- y se refirió a la necesidad de agilizar el sistema de tramitación de permisos sectoriales.

“Tenemos un balance positivo sobre este periodo que ha atravesado el mundo y el país en particular. La minería ha logrado tener continuidad operacional haciendo grandes sacrificios de sus trabajadores, así como de las propias empresas”, señaló Joaquín Villarino, quien dio cuenta de que la gran minería chilena redujo un 35% en promedio las dotaciones presenciales en faena durante los meses más críticos de la pandemia, y ha postergado una serie de actividades con el fin de cuidar la salud de los trabajadores y minimizar riesgos en seguridad y mantenimiento.

Lo anterior, ha generado un impacto en producción en torno a un 3 y 5%, según cifras de algunas consultoras, “lo que es más bien marginal considerando la gravedad de la crisis sanitaria que ha atravesado el país”, añadió el Presidente Ejecutivo del CM.

En el corto y mediano plazo, Joaquín Villarino reconoce que el desafío es mantener las medidas de prevención y seguridad, y evaluar continuamente su implementación según la evolución de la pandemia. “Hay que ajustarse a la idea de que vamos a tener que seguir operando con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad”, señaló.

Necesidad de agilizar los procesos en el sistema de permisos

Respecto al actual sistema de tramitación de permisos sectoriales, el Presidente Ejecutivo del CM destacó el esfuerzo que ha demostrado el Gobierno, y en particular el Ministerio de Economía, en agilizar los procesos en el sistema de permisos. “El Gobierno ha tomado cartas en el asunto para dar velocidad a las respuestas dentro del tiempo que establece la ley, sin sacrificar estándares”, destacó.

En ese sentido, Villarino señaló la oportunidad que brinda el aumento de la eficiencia en la aprobación de proyectos, sin bajar los estándares ni los requerimientos ambientales. “Tenemos un gran desafío-país en modernizar la legislación ambiental y el Estado, para que estén a la altura de un país que está ad portas del desarrollo”, manifestó.

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