Planificación de territorio, un desafío para la minería del futuro  

 

 

Numerosas proyecciones indican que en los próximos años se intensificará la actividad minera en el centro del país. Esto por la cantidad de recursos de cobre existentes en regiones como Valparaíso y Metropolitana.

Si bien es una buena noticia para el crecimiento, un reportaje de la revista Minería Chilena asegura que expertos ya se han anticipado a una potencial fuente de conflictos que podrían presentarse con la instalación de esta actividad: tronaduras, tranques de relave y disputas por el agua cerca de áreas pobladas y de otras actividades económicas, como la agricultura.

Como una solución para planificar el territorio de una manera efectiva, en febrero de este año, se dictó la Ley 21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, legislación que plantea el deber de las regiones elaborar y aprobar un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). El PROT, señala la ley, “establecerá, con carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente”.

José Tomás Morel, Gerente de Estudios del Consejo Minero y que siguió la discusión de esta normativa, señaló en un reportaje de la revista Minería Chilena: “es importante que los PROT aseguren la disponibilidad de territorio para el desarrollo de infraestructura crítica de interés regional y nacional, tales como puertos, aeropuertos, carreteras, ductos, obras de generación y transmisión eléctrica, embalses y disposición de residuos”.

En el reporte anual del CM se planteó que la mayor preocupación es que los PROT terminen fijando condiciones que hagan imposible o muy gravosa la instalación de algunas actividades productivas poco valoradas en una región en particular, aunque sean valiosas para el país como un todo. 

Para Morel, un tema pendiente para estos planes es la necesidad de un mecanismo para resolver las controversias que surjan de la aplicación de las restricciones establecidas por ellos.“Para los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, este mismo sería el mecanismo de resolución de controversias. Para las actividades y proyectos que no ingresan al SEIA, sería necesario crear un mecanismo ad-hoc”, plantea.

El Consejo Minero propone aterrizar el mandato de la Ley 21.074. De esta forma que los PROT solo establezcan restricciones necesarias para que la localización de las actividades productivas sean compatibles con áreas oficiales de protección ambiental, con el desarrollo de infraestructura crítica y con la prevención de riesgos de la naturaleza. “Este esquema sería aplicable a todas las actividades productivas, y por lo tanto no vemos que la minería deba tener un tratamiento especial”.

Revisa el reportaje completo acá.