En el marco de la votación de las normas transitorias, aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, en el Pleno de la Convención Constitucional, Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, se refirió a las implicancias de estas normas y su impacto en la industria minera.
Con respecto a la norma transitoria que establece que “Los titulares que desarrollen parcialmente actividades mineras dentro de las áreas de exclusión definidas en el artículo 326 deberán presentar las adecuaciones y divisiones pertinentes al plan de cierre de las actividades mineras que se desarrollen dentro de estas áreas, según lo establecido en la ley 20.551, y posterior a su aprobación comenzará su ejecución correspondiente. Para aquellos casos en que la actividad minera esté completamente dentro de la zona de exclusión, deberá comenzar a operar su plan de cierre”, Villarino señaló que “en general la prohibición que da origen a estas normas transitorias genera muchos inconvenientes porque emite un juicio a priori sin haber analizado cuales son los impactos ambientales que las actividades pueden producir en esas zonas excluidas, sin hacer ningún tipo de distinción ni definición de glaciares y cuencas hídricas, y eso abre un tremendo espacio de incertidumbre, en el cual a priori, al menos cuatro faenas de cobre podrían verse afectadas y obligadas a iniciar sus procesos de cierre”.
En cuanto a la visión general del borrador de Constitución, el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, aseveró que “este es un Proyecto de Constitución que tiene un gran desequilibrio entre los derechos de los pueblos originarios, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Sin desarrollo y sin crecimiento económico, es muy difícil cuidar del medio ambiente y satisfacer los derechos sociales que esta garantizando la Constitución. Este proyecto genera un desbalance profundo lo que hace pensar que no vamos a tener un desarrollo sostenible”.
“En aspectos puntuales, esto se ve reflejado en la creación de muchísima burocracia, sin enfrentar el principal desafío que tiene hoy día el estado que es su modernización, y un anhelo transversal es que al Estado le urge modernizarse para hacerse cargo de los desafíos que tenemos”.
Sobre las normas que establecen el derecho a las tierras, territorios y recursos de los pueblos y naciones indígenas, Villarino aseguró que “crea enclaves con los estatutos especiales de los pueblos originarios con ciertos privilegios que van a generar muchos conflictos, en vez de solucionarlos. Por ejemplo, la creación y reconocimiento de terrenos y territorios con jurisdicciones propias, con tratamiento de derechos de agua propios, con respeto a derechos y tradiciones propios, sin ninguna conversación con el resto del país, lo cual crea incertidumbre y pugnas de poder y desarrollo. No es razonable que los derechos de agua del 90% de los habitantes estén sujetos a unas reglas y el otro 10% a otras más beneficiosas, menos exigente, con menos requerimientos para el cuidado de medio ambiente”.
Para finaliza, Villarino recordó que “mirar la minería solo por la ventana del estatuto de los minerales es muy parcial, hay que mirarlo con el ordenamiento ambiental, territorial, los derechos de los pueblos originarios, los regímenes de los recursos hídricos, y cuando se analizan todos estos elementos, se da cuenta que potencialmente se puede sacrificar 1/3 de la producción de la gran minería del corbe del país, y que va a ser muy difícil desarrollar minería en Chile, al menos hasta que se clarifique la aplicación en el mundo real de algunas de las disposiciones constitucionales”.
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