El miércoles 19 de mayo se llevó a cabo el conversatorio “Nuevo royalty a la minería”, impulsado por los gremios empresariales más importantes de la Macrozona Norte del país: y que contó con la participación del Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En la instancia, que abordó los impactos que provocaría el nuevo royalty en la industria minera, en sus empresas proveedoras y en los empleos que se generan en el norte, compartieron sus planteamientos la Asociación de Industriales de Iquique (AII), la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) y la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE)
Por su parte, Joaquín Villarino profundizó sobre las implicancias que tendría en la minería la aprobación de este proyecto de ley. El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero comentó que “tenemos disposición a debatir y conversar respecto a los mecanismos que permitan que el país, y en especial las regiones mineras puedan recaudar. Nuestro llamado es a conversar con altura de miras teniendo presente el desarrollo del sector en el corto, pero también mediano y largo plazo”.
En su exposición, Villarino además planteó que la economía mundial “será cada día más sostenible y demandará más cobre, más litio. Chile puede ser un actor protagónico en la tarea de alcanzar un mundo más sostenible”.
También compartió los siguientes antecedentes
- Entre el 2000 y 2019, solo las 10 mineras privadas más grandes (que representan cerca del 72% de la producción) han pagado 45 mil millones de dólares en impuestos. Esto es un promedio anual de US$ 2.300 millones, lo que equivale al 5% de los ingresos fiscales de Chile.
- El Estado ha recaudado por el royalty minero más de 9.000 millones de dólares, considerando las 10 mineras privadas más grandes y Codelco. Esta cifra equivale a la mitad de todo el plan extraordinario de ayuda económica que el gobierno ha impulsado a marzo 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.
- Entre los años 2000 y 2019, del total de ingresos que generó la minería privada, y que corresponde a US$ 432 mil millones, el 51% fue pagado a trabajadores y proveedores; el 16% fue destinado a inversión; el 10% fue pagado en impuestos a la renta y royalty y solo el 22% restante fue retirado por los dueños de las empresas.
- Los estados financieros de las empresas mineras están auditados en Chile y en el extranjero, están en poder de Cochilco y de la Comisión del Mercado Financiero; el Servicio de Impuestos Internos es además quien fiscaliza por medio de una unidad especial de grandes contribuyentes. Toda la información anterior está disponible por transparencia.
- Oportunidad de liderar la transición mundial a una economía más verde: Chile tiene la oportunidad de ocupar un espacio privilegiado como proveedor de minerales clave para el desarrollo de una economía verde; el litio, el molibdeno, la plata y sobre todo el cobre, cumplirán un rol fundamental en cumplir con este propósito.
Gremios del norte piden no dañar la industria regional
Durante su presentación, los representantes plantearon que la discusión actual sobre royalty se ha construido bajo pilares equivocados, por lo que pidieron avanzar hacia un diálogo basado en estudios, estadísticas y documentos de auditoría, entre otros aspectos.
Leopoldo Bailac, presidente de la AII, comentó que “los gremios de la MacroZona Norte nos hemos reunido para varios temas comunes, principalmente para analizar los efectos y consecuencias del actual proyecto de ley. Estamos seguros de que éste pone en riesgo la actividad privada y la viabilidad de algunas empresas mineras, con el consiguiente impacto en el empleo y en la cadena de proveedores, los pequeños comerciantes y la comunidad en general”. Añadió que la conversación es absolutamente necesaria y que el resultado que se concrete en el Congreso sobre este proyecto de ley tendrá un alto impacto en el sector minero y en las regiones de la zona norte, sus proveedores y comunidades.
En tanto, Marko Razmilic, presidente de AIA, declaró que “en el ecosistema minero nadie se ha cerrado a una conversación seria y técnica que tenga algunos parámetros ineludibles, para asegurar la continuidad minera como negocio y su atractivo para que los inversionistas puedan mantener su presencia en Chile. Por otra parte, las zonas mineras no han recibido nunca una verdadera compensación en gasto e inversión fiscal, lo cual debe ser incluido en esta discusión”.
A su vez, Daniel Mas Valdés, presidente de Cidere se refirió a los efectos de la ley, advirtiendo que “ésta afecta directamente la minería que tiene costos de explotación más altos, siendo menos competitiva que la gran minería, realidad que corresponde a la mayoría de los yacimientos de la región de Coquimbo. Puntualmente en la Región de Coquimbo, la minería además de sus resultados directos, beneficia a los pequeños y medianos proveedores y otras industrias. Otro aspecto es que el fondo de convergencia, tal como está indicado, terminada la pandemia, llega muy poco a la región”. Por otro lado, resaltó que la descarbonización de la matriz y el empleo de agua de mar en los procesos mineros, se verían afectada con esta ley. Finalmente señaló, “es relevante conversar, bajar al territorio, hacer los estudios que se requirieran y posterior a ello, si corresponde, aplicar la legislación respectiva”.
Por su parte, Daniel Llorente, presidente de CORPROA, puntualizó que “los gremios de la Macrozona Norte representamos a más 700 empresas y más de 90 mil trabajadores. Para nosotros, en Atacama, la minería es nuestro motor fundamental: el 61% de la fuerza de trabajo depende de esta industria y explica el 96% de sus exportaciones. Estamos de acuerdo en que puede haber un aporte real más allá de lo que hay, pues todo en la vida es mejorable y perfectible, cuya prioridad debe apuntar a las regiones; sin embargo, vemos que el proyecto que está en el Congreso no consigue ese fin ni va detrás de ese sueño, carece de sustento técnico y la opinión de todos los actores”.
Junto a ello, Llorente llamó la atención sobre la decisión de una minera importante que opera en Atacama (Lundin Mining Corp) que anunció el congelamiento de una inversión de US$500 millones mientras en Chile no se definan las nuevas reglas del país.
La actividad quedó disponible en el canal de Youtube de la Asociación de Industriales de Iquique en el link: https://www.youtube.com/watch?v=GP11s5KDIfM&t=3172s
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