Esta semana, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, comenzó el debate en particular del proyecto de ley que fija un royalty de 3% sobre las ventas de cobre y litio.

Según una nota publicada en diario El Mercurio, la intención de la instancia es votar la iniciativa la próxima semana, y la celeridad en el trámite de la moción despertó preocupación en la industria minera, pues junto con ver una mirada cortoplacista de parte de los parlamentarios, el Presidente Ejecutivo del CM, Joaquín Villarino, considera que esta discusión se está dando sobre una base de información que es insuficiente, parcial, e incluso errónea.

El líder gremial precisa que ahora, tal como en las ocasiones anteriores en que se impulsaron cambios tributarios al rubro, “la minería está dispuesta a discutir sobre su carga tributaria para que haya una mayor recaudación, pero que al mismo tiempo ello permita un desarrollo del sector. Por eso hay que llamar a mirar seriamente y con sensatez el impacto que tiene este proyecto de royalty”, y precisa que este análisis no puede darse a partir de estudios teóricos, sino que analizando los precios de los últimos cinco años y los resultados reales que las compañías tuvieron con esos precios.

“Analizar la industria solo cuando existen precios de bonanza significa desconocer la historia de la minería y su elemento principal que es lo cíclico de sus precios”, asegura.

Villarino advierte que tanto la moción que fue aprobada en general a fines de marzo, como las indicaciones que se le incorporaron posteriormente -que entre otras cosas, plantean agregar una tasa adicional del 10% sobre las ventas y también fijar esquemas en que cuando el precio del cobre supera cierto nivel las rentas obtenidas sobre ese valor deben ir al fisco en un rango de 25% hasta 100%, dependiendo de la indicación- ponen en riesgo la viabilidad financiera de las mineras que tienen costos por sobre los US$2 por libra. También le ponen “una lápida para el futuro desarrollo de nuevos proyectos en Chile y por lo tanto, nos tendremos que olvidar de la cartera por US$35 mil millones que está en desarrollo”.

Debate constitucional, el mejor momento

“El país acordó redefinir sus reglas del juego y entre otras, probablemente, va a revisar el tipo de desarrollo productivo que queremos. Es muy probable que el sector empresarial tenga que adecuarse a una realidad distinta de la que ha tenido hasta ahora, y eso forma parte de una discusión global y no particular del sector minero. Creemos que ahí es donde tiene que existir el debate, con calma, con antecedentes, y que podamos pensar de verdad cómo Chile continuará desarrollando esta actividad, y no hacer políticas contra el tiempo y sin pensar”, puntualiza Villarino.

El aporte del sector

“La discusión ha estado rodeada de una serie de afirmaciones que definitivamente no son veraces y que, de alguna manera, están condicionando la conversación: que en Chile no existiría un verdadero royalty, que la minería no paga impuestos, que la minería se lleva todo y no deja nada, y que la minería no entrega información fidedigna o la que entrega es secreta”, asegura el Presidente Ejecutivo del CM.

A partir de esta afirmación, uno de los datos que el CM ha expuesto en sus intervenciones en el Congreso es que entre los años 2000 y 2019 la minería generó US$430 mil millones, de los cuales US$140 mil millones corresponden a los últimos cinco años, es decir, entre 2015 y 2019 -periodo en que el precio promedio del cobre fue de US$2,8 por libra-. De este último monto, 16% fue retirado como dividendo por las empresas y el 84% permaneció en el país a través del pago de impuesto a la renta y royalty (6%), pagado a trabajadores y proveedores (60,6%) e invertido (17,4%).

“Reducir el análisis del aporte de la minería al impuesto específico es realmente mezquino. La verdad es que esta es una industria que aporta de muchas otras maneras; ha aportado con impuestos específicos y generales; aporta en remuneraciones y proveedores, pero además en periodos de crisis, como el actual del covid, no ha dudado en aportar aproximadamente US$100 millones para ir en ayuda del equipamiento de centros hospitalarios, ayuda a proveedores y pequeños proveedores”, puntualiza.