Agosto, 2023. El pasado jueves 3 de agosto se promulgó la ley de Royalty Minero que permitirá recaudar, a partir de 2024, un 0,45% del PIB (equivalente a casi US$1.350 millones), de los cuales US$450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas del país.

En entrevista con diario La Segunda, el Presidente Ejecutivo del CM, Joaquín Villarino, sostuvo que cumplieron su parte del trato y ahora resta que el Estado haga lo suyo, agilizando la tramitación de los permisos. De paso, el líder gremial manifiesta su anhelo de que estos recursos sean bien utilizados.

-¿Cómo evalúa el actual minuto de la industria?

“La industria está expectante. Cumplió su compromiso con un debate técnico y serio sobre el royalty y logramos, con el aporte de antecedentes y datos, que el proyecto tuviera un perfeccionamiento enorme. La carga tributaria fue más alta de lo que esperábamos y eso significó una pérdida de competitividad de la minería chilena. Ahora, esperamos que el Gobierno cumpla sus compromisos”.

-¿En qué consiste el acuerdo?

“Hay un compromiso del Estado de disminuir en un 30% el plazo de tramitación de los permisos que hoy toman entre 8 y 10 años. Esa disminución en el plazo podría significar, por cada US$1.000 millones de inversión, US$200 millones de recaudación extraordinaria para el Fisco. Por eso, creemos que es un buen acuerdo para el Estado y para las compañías mineras. También estamos expectantes, porque ahora habrá recursos que irán a parar a todas las regiones del país, y de manera particular a las regiones mineras.

-¿Cómo cree que se gastarán esos recursos?

“Este es un tremendo desafío para el país y queremos que los dineros del royalty se gasten bien, que se gaste en aquello para lo cual se nos dijo que se va a recaudar, que es en mejoras de infraestructura y calidad de vida de las comunidades y que no vaya a gasto corriente. Ahora la industria espera, después de haber cumplido su parte del compromiso, que el Gobierno y el Estado cumplan. Y esto no es solo para beneficio de la industria, es para el beneficio del país, ya que una mejor eficiencia en el otorgamiento de permisos significa más puestos de trabajo, más recaudación y mejor calidad de vida. Si el Gobierno cumple su compromiso, hay una oportunidad histórica”.

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