Por: Joaquín Aguilera R.
Publicado por El Mercurio
Tanto la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) como el Consejo Minero tienen una evaluación positiva sobre el proyecto del Ministerio de Economía para regular la “permisología”, pero ambos gremios coinciden también en las dudas sobre la eficacia de la reforma para cumplir con los objetivos que se propone.
Falta de incentivos, discrecionalidad y aspectos institucionales son parte de los aspectos “a mejorar” en este proyecto de ley, según la visión que ambas agrupaciones expusieron en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Sin embargo, también mostraron sintonía con el diagnóstico sobre el cual se impulsa este proyecto y algunos aspectos específicos. Respaldaron la idea de potenciar el rol del Sitema Unificado de Permisos (Super) como ventanilla única para las autorizaciones sectoriales, aumentar la presencia de silencios administrativos, crear un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial y el uso de declaraciones juradas como alternativa a ciertos permisos.
En el Gobierno valoraron este respaldo considerando que – en la misma comisión – la creación de un nuevo servicio se había planteado como una posible fuente de mayor burocracia.
Sanciones e incentivos
Uno de los puntos que más dudas levantan en el sector privado son los incentivos que contempla el proyecto de ley para reducir efectivamente los plazos de tramitación. En la CPC, por ejemplo, argumentaron que, si bien se establecen nuevos plazos máximos supletorios en función de la tipología de cada autorización, no hay garantías de que los tiempos se cumplan, puesto que en el proyecto “no se innova en cuanto a la responsabilidad por el inmcumplimiento de los plazos”.
En el Consejo Minero también consideran que una ley marco como la que se plantea no es suficiente por sí sola, y creen que es necesario precisar cómo se llegan a materializar las normas mínimas de procedimiento en el contexto de la ley vigente sobre procedimientos administrativos. Esta duda ya fue planteada anteriormente en la comisión, frente a lo cual el ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que algunas metas se incorporarían a los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) que se utilizan en el sector público. Sin embargo, en el gremio afirman que, “al tratarse de una herramienta que siempre ha estado disponible, es difiícil pensar que haciendo más de lo mismo se lograrán los cambios sutanciales que se requieren”.
Declaraciones juradas
Uno de los puntos que concitaron mayor discusión dice relación con el procedimiento mediante el cual se define cuáles permisos pueden ser reemplazados por declaraciones juradas. La reforma planteada por el Ejecutivo establece que cada uno de los servicios a cargo de entregar los permisos respectivos debe clasificar las autorizaciones según la tipología que plantea el proyecto de ley, y luego definir “umbrales” con criterios específicos para que – eventualmente – sean reemplazados por un procedimiento simplificado.
Ambos gremios ven este instrumento con dudas, por el hecho de que la responsabilidad recae sobre el mismo servicio a cargo de otorgar el permiso. El director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval, precisó las precupaciones: “Ellos no tienen necesariamente incentivos para pasar algunos de estos permisos a declaraciones juradas, porque son los que van a tener la última palabra. Eso conlleva a acortar algunos plazos y no necesariamente eso va al mandato legal de los distintos servicios. En ese sentido, ellos pueden, de alguna manera, ser un poquito más conservadores”.
El ministro Grau respondió a esa aprensión, y argumentó que la decisión de que cada servicio defina el umbral en cuestión busca darle mayor flexibilidad a la aplicación de la norma: “Es muy probable que ese sistema va a tener que ir encontrando con el tiempo cuál es el nivel adecuado para cada uno de estos umbrales. Y si eso queda rígido a nivel de la ley, esa flexibilidad no se va a poder tener (…). Uno de los problemas que ha tenido nuestro sistema de evaluación, tanto de la parte ambiental como de la parte sectorial, es que suele ser rígido a los cambios tecnológicos que van ocurriendo en materia de inversión. Por eso creemos importante que quede, por lo menos esa parte, con la flexibilidad suficiente en materia reglamentaria”.
