Durante la presentación del estudio “Mine 2022: A critical transition” de PwC, el Gerente General del Consejo Minero, Carlos Urenda, analizó las oportunidades de crecimiento y desafíos que enfrenta la industria minera respecto a la demanda de minerales para combatir el cambio climático, inversiones, volatilidad de los precios, entre otros.

El informe prevé una alta demanda provocada por el cambio tecnológico que genera la electromovilidad, la transición a las energías renovables y la digitalización, junto con altos niveles de precios, pero también volatilidad persistente, hasta 2030.

“Nos hemos dado cuenta de que la minería, además de los beneficios tradicionales, ahora también está contribuyendo a combatir el cambio climático a través de la producción de minerales. La industria debe trabajar en comunicar mejor esta idea, en que se entienda que más allá de que se trata de un negocio, su contribución es favorable en muchas dimensiones. Eso es muy importante, entre otras cosas, porque la restricción de oferta implicará ir a realizar minería en lugares que no son los tradicionales, donde los beneficios de la actividad son menos conocidos”, señaló Carlos Urenda, Gerente General del Consejo Minero.

Si bien el estudio pone foco principalmente en el lado de la demanda “también es importante analizar mejor la oferta y ver cómo en ésta se están reflejando los problemas de las leyes decrecientes y de las operaciones que van cesando su producción”.

Entre las 40 compañías mineras del estudio Mine 2022 de PwC hay varias que operan en Chile y que son socias del Consejo Minero, como BHP, que opera Escondida, Spence y Cerro Colorado; Anglo American, que posee Los Bronces; Antofagasta, del grupo Luksic, controladora de Los Pelambres; Freeport-MacMoran que es socia de Codelco en El Abra; Barrick Gold, titular del proyecto Pascua Lama; así como Rio Tinto, Glencore, GoldFields, entre otras.

Para finalizar, Urenda declaró que “solo las empresas socias del Consejo Minero tienen proyectos en evaluación por cerca de USD$35.000 millones para poner en marcha entre el 2023 y 2028. Para que se otorguen los permisos, se tarda un promedio de 8 años, entre los trámites ambientales y sectoriales (los permisos sectoriales son 213). El tema de las autorizaciones ambientales es una expresión del desafío que significa la obtención de la licencia social. Si el evaluador estima que al otorgar un permiso se podrá generar un conflicto con la comunidad, seguramente lo pensará dos veces”.

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