El pasado martes 29 de noviembre, el Consejo Minero asistió a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para dar a conocer la opinión del gremio frente al proceso de evaluación ambiental de proyectos o actividades mineros.

Durante su presentación, el Gerente General del Consejo Minero, Carlos Urenda, dio cuenta que la sociedad chilena tiene demandas altas y crecientes en materia sostenible. “Esto tiene consecuencias importantes en las actividades económicas, como altas exigencias para la obtención de permisos, mayor litigiosidad en esta materia y objetivos medioambientales más ambiciosos, que pueden llegar a transformarse en un problema significativo para el desarrollo de las actividades económicas, sea como prohibiciones, dificultades o retrasos”, fueron parte de las declaraciones del Gerente General del gremio de la gran minería.

Entre las soluciones y prioridades expuestas por Carlos Urenda, destaca:

  • Necesidad de mantener un equilibrio entre crecimiento económico y protección medioambiental, objetivando los estándares exigidos a las actividades económicas.
  • Cerrar pronto y razonablemente las discusiones regulatorias más relevantes sobre temas medioambientales.
  • Mejorar la gestión del proceso de otorgamiento de permisos.

Lo anterior cobra especial relevancia considerando la oportunidad que tiene la minería para aumentar su aporte a la sostenibilidad, dado el rol clave que juegan los minerales que produce Chile en la lucha contra el cambio climático.

Puedes revisar la presentación aquí: https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2022/12/Sustentabilidad-y-Actividades-Economicas-Reflexiones-del-Consejo-Minero.pdf

Asimismo, una nota de El Mercurio de Santiago dio cuenta que el Gobierno, a través del Ministerio de Medioambiente, inició una serie de reuniones que buscan recoger opiniones para impulsar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluida en el programa de Gobierno.

Respecto al anuncio, el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que “esta es una reforma aclamada transversalmente por organizaciones no gubernamentales, funcionarios del Estado y el mundo privado, pero que no ha tenido lugar, porque requiere mucha energía y mucho tiempo, pero mientras más nos demoremos en hacernos cargo, más siguen sufriendo las comunidades con los proyectos, y las empresas con el desarrollo de las inversiones”.