La encuesta anual del centro de estudios canadiense, Fraser Institute, ubicó a Chile en el decimoséptimo lugar del mundo entre los países más atractivos para invertir en el sector minero, lo que implica un retroceso de 11 puestos en comparación con el año pasado.

El Gerente de Estudios del CM, José Tomás Morel, se refirió al tema en una nota publicada por El Mercurio de Antofagasta, donde afirmó que: “Aun cuando el estudio solo mide percepción, el hecho de realizarse todos los años con una metodología estable y para una muestra amplia de jurisdicciones mineras, sugiere que debe mirarse con atención”.

Seguido de esto explicó que junto con el indicador global, el estudio mide calidad de las políticas públicas hacia la minería y potencial minero o geológico.

“En el caso de las políticas, en el año 2019 Chile se ubicó en el lugar 15°, mejorando el lugar 23° logrado en el 2018, pero no debemos olvidar que hace una década estábamos en el top ten. Uno de los factores políticos en que el país persistentemente aparece más rezagado es el referido a regulación y conflictividad laboral, con el lugar 41°, aunque se mejoró en comparación al lugar 49° del año anterior y sobre todo respecto al puesto 62° obtenido en 2017”, señaló.

Según José Tomás Morel, habiendo mejorado en la percepción sobre calidad de las políticas, la caída en el atractivo global para la inversión se explica por un menor potencial minero o geológico, pasando del lugar 9° al 27°. “A diferencia de los factores políticos que pueden ser gestionados por los países, en el caso del potencial minero o geológico, sobre todo cuando se mide a través de percepciones, es menos claro cómo se puede mejorar. Además, en años anteriores hemos visto algunas variaciones inexplicables en este ítem, como la de 2016 en que pasamos del lugar 11° al 49°, lo que sugiere dar menos importancia a este indicador”.

Por último, el Gerente de Estudios del CM afirmó que: “En suma, si queremos aumentar el atractivo del país para atraer inversión minera deberíamos tratar de recuperar los lugares de privilegio en calidad de las políticas públicas, donde la regulación laboral muestra el mayor espacio de mejora”.

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