En una columna de opinión publicada en Diario El Mercurio, el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, se refirió a la aprobación en general de la norma constitucional que tiene por objetivo nacionalizar las empresas mineras, los derechos de los que sean titulares y la totalidad de sus bienes, además de los bienes de terceros vinculados a las actividades mineras, como los contratistas. “Esta nacionalización no es otra cosa que una expropiación”, indicó.

El líder gremial recordó que la reforma constitucional que regula el actual proceso estableció solo cuatro limitaciones a los constituyentes. Según indica el artículo 135 inciso final, el texto de Nueva Constitución “debe respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

“La norma que comentamos infringe dos de las cuatro restricciones, pues las concesiones mineras se otorgan por sentencia firme y ejecutoriada, el sistema expropiatorio propuesto no respeta disposiciones de tratados de libre comercio ratificados y vigentes en nuestro país. Este escenario, de aprobarse, augura un futuro judicializado para Chile, escasa inversión extranjera y riesgos comerciales”, indicó Villarino en la columna de opinión.

Asimismo, señaló que, aunque la infracción constitucional es argumento suficiente para rechazar esta norma, existen otras razones prácticas. “Primero, la minería chilena es un modelo mixto en el que operan empresas privadas y una gran empresa estatal como Codelco. Este modelo ha sido beneficioso para la industria y el país, y es una de las condiciones que el Banco Mundial ha identificado como fundamentales para el éxito de empresas estatales en el sector extractivo”.

“Segundo, una eventual expropiación implicaría contar con una minería estatal monopólica, donde los proveedores tendrían un único cliente, los trabajadores un único empleador y los organismos reguladores y fiscalizadores una única entidad sujeta a vigilancia (…) De esta manera, se abrirían espacios de abuso o falta de diligencia por parte de la minería estatal”.

“Tercero, nuestro país es rico en recursos minerales, pero estos hay que encontrarlos, extraerlos y procesarlos hasta lograr un nivel de pureza que permita aprovecharlos (…) ¿Podrá el Estado destinar millones de dólares anuales a una actividad tan incierta como la exploración, que es fundamental para la sustentabilidad de la minería, teniendo requerimientos concretos en materia de educación, salud y pensiones?”

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