• Las medidas buscan reducir los tiempos de tramitación de permisos mineros en cuatro ámbitos: proceso y recursos, institucionales, permisos ambientales y permisos sectoriales.

Este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recibió el informe con los resultados de la Mesa de Royalty Minero -instancia creada al alero de la misma ley- cuyo propósito fue analizar los tiempos de tramitación de proyectos y medidas para reducirlos, para así destrabar inversiones en el sector minero. El documento estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

Para reducir en un tercio los tiempos de tramitación de los permisos, particularmente en los proyectos mineros, la mesa públicos y privada impulsó una serie de medidas contenidas en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal.

Estas contemplaron 14 iniciativas administrativas, cinco legales y una presupuestaria, abarcando cuatro ámbitos: proceso y recursos, institucionales, permisos ambientales y permisos sectoriales.

Entre las medidas administrativas impulsadas se actualizarán los reglamentos de excavaciones, tranques de relave, seguridad minera, y evaluación ambiental; y la generación de guías y manuales de Sernageomin y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Con ello, se revisarán y modernizarán los procesos y sistemas para la tramitación de permisos del SEA, Sernageomin, Dirección General de Aguas (DGA), Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y otros.

En la instancia, Joaquin Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, valoró el compromiso que asumió el Gobierno para reducir los tiempos de tramitación de permisos para proyectos mineros, al tiempo que hizo un llamado a redoblar esfuerzos para que las medidas orientadas a mejorar la eficiencia en la tramitación de permisos no sean empañadas por otras iniciativas de política pública.     

“Estimamos que no basta impulsar una serie de medidas en favor de hacer más eficiente la entrega de determinados permisos, si en paralelo no se está poniendo esfuerzo suficiente para frenar y reconducir otras medidas de política pública que van en la dirección opuesta”, explicó.

La CNEP, presidida por su secretario ejecutivo, Rodrigo Krell, identificó que los proyectos que tardan más en la tramitación de permisos pueden alcanzar hasta 11 años y 6 meses. 

En esa línea se destacaron los proyectos de desaladoras con 5 años y 11 meses, y finalmente los proyectos de explotación de menos de 5 mil toneladas por mes, que suman 3 años y 3 meses.

La mesa revisó diversas iniciativas asociadas a permisos para proyectos de inversión y priorizó aquellas más relevantes para la minería; sin embargo, finalmente, la mayor parte de medidas tiene un alcance transversal. Ejemplos de esto son los proyectos de ley sobre reforma al SEIA y sobre permisos sectoriales que ya se están en tramitación en el Congreso.

“Vivimos tiempos donde Chile es un productor clave de minerales críticos para la transición energética mundial. Es nuestro deber que el Gobierno, legisladores y la industria encuentren un camino eficaz para desarrollar todo nuestro potencial como país minero, sin dejar de ser rigurosos en el cuidado del medioambiente y el bienestar de las comunidades”, finalizó el líder gremial.